Auditorías, habilitaciones y evaluaciones de impacto ambiental.
Acciones de recomposición e indemnización.
Defensas ante organismos provinciales y municipales.
Protección colectiva de ecosistemas y del agua.
Nos cuenta su caso por WhatsApp y un abogado del área lo evalúa en el día.
Le proponemos el mejor camino —acuerdo o juicio— con honorarios y plazos por escrito.
Llevamos el caso de principio a fin y le informamos cada avance por WhatsApp.
La legitimación es amplia: afectados directos, organizaciones y el propio Estado. Quien contamina responde por la recomposición aunque tenga habilitación vigente.
La primera consulta por WhatsApp es sin cargo. Si el caso avanza, pactamos honorarios por escrito según la escala del Colegio de Abogados de Mendoza; en muchos reclamos trabajamos a resultado.
Sí. Actuamos ante los tribunales de todas las circunscripciones judiciales de Mendoza, incluidas San Rafael, San Martín y Tunuyán, y atendemos consultas a distancia por WhatsApp y videollamada.
Documente de inmediato —fotos, videos, fechas— y consulte: coordinamos mediciones y un acta notarial de constatación, intimamos el cese y, de persistir, accionamos por amparo ambiental y daños. La prueba temprana es determinante.
Depende de la actividad, la escala y la ubicación: la normativa mendocina define qué proyectos requieren aviso, manifestación o evaluación completa. Un encuadre correcto desde el inicio evita clausuras y sanciones posteriores.
Como abogado ambiental en Mendoza, atendemos consultas de toda la provincia desde nuestra sede en la Ciudad de Mendoza. La primera consulta por WhatsApp es sin cargo: nos cuenta su situación, la evalúa un especialista del área y recibe en el día una respuesta con los pasos a seguir, costos estimados y plazos reales. Y si su caso requiere además un trámite notarial, los escribanos del estudio lo resuelven sin derivaciones externas.
La Ley General del Ambiente (25.675) impone prioridad de recomposición: quien daña el ambiente debe volverlo a su estado anterior, y solo si es imposible, indemnizar. En Mendoza se suman la ley 5.961 de preservación del ambiente y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, obligatorio para los proyectos con incidencia significativa.
Sanciones ambientales, clausuras, exigencias de remediación y demandas colectivas pueden paralizar una actividad. Defendemos el cumplimiento razonable: auditorías de cumplimiento normativo, descargos técnicos con respaldo pericial y negociación de planes de adecuación que permitan seguir operando.
Contaminación de cauces, agroquímicos junto a zonas pobladas, ruidos y emisiones industriales: los vecinos afectados cuentan con el amparo ambiental y las acciones de recomposición y daños. El caso se gana con prueba técnica temprana: muestras, mediciones y actas notariales de constatación, que hacemos con los escribanos del estudio.
Cuéntenos su caso por WhatsApp. Un especialista del área lo evalúa y le responde en el día, sin cargo.
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